La educación superior, en Chile y el mundo, vive una crisis soterrada tras cuatro décadas de agresivas y ambiciosas políticas públicas que la visibilizaban y financiaban (Brunner, 2020; Ashwin, 2019; Marginson, 2017; Brown, Lauder, & Chung, 2019). La legitimidad construida durante los últimos años ha comenzado a corroerse desde sus pilares normativos (Teoría del Capital Humano), pasando por sus fines socialmente valorados (Movilidad Social) hasta sus más sofisticados procedimientos (New Public Managment). Esta corrosión es resultado de una combinación de factores que, a lo menos, pueden ser reconocidos en dos dimensiones:
1.- Los escasos efectos positivos de las acciones realizadas por la educación superior durante los últimos años en aprendizaje, formación profesional o capacitación docente (Graeber, 2018; Alvesson & Spicer, 2016; Beaudry, Green, & Sand, 2016; Palma, 2011). El estudio de Arum & Roksa (2011) es ya una obra clásica por alertar que una serie de aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje en las universidades, como por ejemplo habilidades de pensamiento crítico, razonamiento complejo y habilidades de escritura, en un 45% de los/as estudiantes investigados no demostraron ninguna mejora significativa en el aprendizaje durante sus primeros 2 años de universidad. O los estudios de Rodríguez, Rabazo, & Naranjo (2015) que evidenciaron que los y las estudiantes ingresan con una habilidad basal para resolver problemas que durante el trascurso de la formación es escasamente significativa en cuanto a mejora. En los enormes esfuerzos por capacitaciones en docencia universitaria, aunque la literatura no es concluyente, se observa un impacto positivo en la experiencia del o la docente, pero que no resulta significativo en la experiencia de aprendizaje de los y las estudiantes (Stes, Coertjens, & Van Petegem, 2013). Y tal vez el más sensible de estos escasos efectos es el estéril esfuerzo por contribuir a un mercado laboral y económico que, como sostienen Beaudry, Green, & Sand (2016), viene desde el año 2000 generalizándose como un sector con escasa demanda de habilidades universitarias debido a lo rutinario de los empleos y el estancamiento de los salarios en el mundo.
2.- Los frustrantes efectos de estas agendas en académicos/as, estudiantes y los propios Estados (Scott, 2019; Gayardon, Callender, Deane, KC, & DesJardins, 2018; Sanders-McDonagh & Davis, 2018). Para el mundo académico el crecimiento sostenido del control del Estado, desde distintas vías, ha ido ahogando el quehacer universitario impactando seriamente en la forma y el ritmo de producción investigativa en donde el financiamiento y los rankings ha jugado un papel, al menos, complejo (Shattock, 2019). Por su parte, la politización del mundo estudiantil ha crecido al amparo del crecimiento de las deudas estudiantiles y ha irrumpido con fuerza en la dirección que han venido tomando los diversos modelos de universidad (Akers & Chingos, 2016). Y finalmente, los Estados han invertido una abundante cantidad de recursos para promover cambios tecnológicos, impactar en sus economías o promover la movilidad social, propósitos cuyos resultados se distancian negativamente de las inversiones realizadas, debido, principalmente, a la masificación de una educación superior docente con escaso impacto tecnológico y el limitado rol de la educación en la movilidad social (Brown, Lauder, & Chung, 2019).
Sin duda, el actual escenario demanda respuestas desde el sector sobre diversas expectativas y el cumplimiento de ciertas promesas, en particular la educación superior chilena y su modelo de crecimiento en franco deterioro, acelerado por la pandemia del covid-19.
La educación superior chilena creció en musculatura desde inicios del siglo XXI, a través de una inyección de fondos cuál deportista se somete a un tratamiento de esteroides y, al igual que ellos o ellas, es un crecimiento complejo de sostener en el tiempo. Los diversos fondos estatales, sobre todo las ayudas estudiantiles, hicieron crecer al sector, pero sin la seguridad de que su crecimiento sería solventado de forma permanente. Tal situación, digamos estructural, configuró al menos cuatro dinámicas entrelazadas que hoy se ven fuertemente amenazadas: (1) crecimiento sostenido de la matrícula, (2) oferta laboral docente creciente, (3) control y seguimiento profesional y (4) institucionalización de la ciencia sin proyección.
En este sentido, la educación superior chilena tuvo un “boom” de crecimiento de la matrícula entre los años 2009 al 2015. Desde esa fecha ha ido lentamente disminuyendo hasta que este año 2020 se volvió a 105.544 estudiantes de primer año, cifra similar a las del 2015. Es posible aventurar con cierta seguridad que debido a la incertidumbre del covid-19 esta disminución continúe profundizándose para la promoción 2021 de nuestras universidades. ¿Qué implicancias tiene esto para el modelo de crecimiento universitario chileno? Al menos tres gruesas.
En primer lugar, el crecimiento de la oferta laboral docente en las universidades se explica principalmente por el aumento de estudiantes. De ello emerge una fuerte precarización académica, a través de los llamados/as “profesores taxis”. Estos docentes universitarios logran, debido al crecimiento del sistema, ensamblarse laboralmente a través de diversos cursos en una o más instituciones y lograr generar un salario por sobre la media de subsistencia. La contracción de matrícula y la incertidumbre del escenario ya ha promovido que instituciones reorganicen su planta académica volcando a sus docentes contratados a realizar las clases que hacían los docentes a honorarios.
La alta precarización de este cuerpo docente, la heterogeneidad formativa y la expulsión permanente de los circuitos de investigación hacen de este número grupo de académicos periféricos un peligroso cuerpo social sin capacidad de reinserción en materias similares y sujeto a una caída en “la escala” social acelerada y dramática.
En segundo lugar, existe otro grupo de académicos que se organizan enlazados a fondos ministeriales concursables y cohabitan en las universidades con el cuerpo académico, pero no necesariamente de forma directa. Ya hay bastante discusión al respecto, pero la forma en que se ha institucionalizado la ciencia en Chile y se ha financiado a los centros de investigación, ha generado una “subcultura” científica que no se vincula con la gobernanza de la universidad y emerge como un investigador “puro” similar al modelo estadounidense durante el siglo XX, pero en nuestro caso con financiamiento limitado (entre 2 a 5 años) y bajo modalidades de contratación precaria (principalmente honorarios). El crecimiento de estos financiamientos también son un tema preocupante en los próximos años, sobre todo porque bajo el poco feliz enfoque del capital humano, nuestro país ha financiado la formación masiva de investigadores con escasos centros de investigación donde insertase, con una presión permanente de las universidades por cuadrar caja y sin políticas públicas que les den garantías de investigación.
Por último, en tercer lugar, toda esta estructura de financiamiento y que da soporte al crecimiento de las universidades es también un cuerpo laboral altamente amenazado. Debido a que las universidades debían cambiar sus formar de acceder a fondos de financiamiento durante el inicio del silgo XXI, se crearon una serie de posiciones laborales de tipo profesionales abocadas a controlar acciones, generar fondos, producir información, mejorar los servicios estudiantiles, etc. Todas y cada una de estas funciones ancladas en centros de análisis institucional, formación docente, enseñanza-aprendizaje o análisis de calidad, responden a la necesidad de dar sustentabilidad interna al crecimiento masivo de la matrícula y a la específica forma de financiamiento de la educación superior. Si eso cambia radicalmente, estos puestos de trabajo, de crecimiento acelerado en los últimos años, tendrán una fuerte contracción no calculable por el momento.
En definitiva, la educación superior, en el mundo y en Chile, no vive sus mejores años, incluso es posible sostener que ha terminado una época para el sector. Esta época estuvo marcada por un financiamiento cuantioso y un rol de primera línea en las agendas de los gobiernos. En estos días y en los años que vienen es poco probable que eso continúe. Tal vez, en lo grueso, eso no sea una mala noticia, pero para todas aquellas personas que viven salarialmente de estas funciones, dentro o fuera de universidad, se visualizan complejos periodos de defensa de fuentes laborales y restricciones salariales. Por lo pronto, cabe que tanto las asociaciones formales e informales de académicos, funcionarios y estudiantes tomen razón de lo que se viene y propongan un plan conjunto para enfrentar lo que por separado los expulsará.
