No todas las tensiones son iguales. Hay algunas tensiones que se resuelven a través de grandes cambios sociales. Como sociedad estamos, hace tiempo, tratando de resolver una tensión en particular que llamo tensión-derechos-privilegios o TDP.
Desde el triunfo relativo (¿y momentáneo?) del sistema capitalista, la tensión de la que quiero hablar no ha hecho más que agudizarse. Cuando la URSS se disolvió, el sistema capitalista que dominaba occidente parecía destinado a resolver y satisfacer los grandes anhelos de la especie humana. Ese destino ya no parece tan seguro.
Abundan los análisis económicos, políticos y sociológicos para explicar los éxitos, los fracasos y las falencias del capitalismo globalizado. Lo que a mí me interesa resaltar en este artículo tiene que ver con esta tensión (TDP) que, me parece, no ha sido considerada lo suficiente. Es una tensión que se encuentra en el seno del sistema social puesto que surge lógicamente a partir de los mismos axiomas a los que se suele apelar en defensa del libre mercado.
El liberalismo clásico ha permitido un creciente desarrollo no sólo económico sino intelectual. Junto a los grandes avances materiales que el capitalismo ha hecho posible (y que nadie disputa – otra cosa es la distribución y el acceso a esos bienes materiales), el liberalismo también ha facilitado la expansión de nuestros horizontes éticos. El pensamiento que ha acompañado el desarrollo económico, nos ha hecho ver que existen ciertos valores humanos que son universales e irrenunciables. La libertad, la igualdad y el derecho a una vida digna forman parte del imaginario social que el mismo liberalismo ha ayudado a crear y al que todos aspiramos. Ha sido esencial en la historia de la humanidad este giro conceptual hacia los discursos de derechos. Los seres humanos ahora tenemos derechos. Inalienables y universales. Es más, la frontera de los derechos se ha expandido de tal forma que hoy se entiende que los animales no-humanos también son sujetos de derechos. Esto era, no hace mucho, impensable. Hoy es perfectamente pensable y, por lo mismo, es tema de debate y discusión.
Tenemos, entonces, arraigada en el inconsciente colectivo, esta noción de que existen derechos y que esos derechos tienen validez universal que no se pueden limitar en base a criterios que se consideran irrelevantes como el sexo, genero, nacionalidad, etnicidad o religión.
Una vez que ciertos derechos se establecen como universales, surge la tensión conceptual que hoy aqueja nuestra sociedad. Para entender esto, es importante conceder una obviedad: el acceso al dinero no es un derecho sino un privilegio. Nadie puede, por ejemplo, reclamar el derecho a percibir un sueldo de dos millones de pesos sobre la base de que ese es su derecho humano. A lo que más nos atrevemos como sociedad es a establecer el derecho a un sueldo mínimo. Pero incluso este derecho es disputado y negado por muchos. Se suele decir que un sueldo mínimo es distorsionador, que limita la innovación y limita las libertades (principalmente la libertad de emprendimiento). Pero a pesar de esta oposición, nuestra sociedad impone, tímidamente por cierto, un sueldo mínimo como derecho de todo trabajador (ni hablar de establecer un sueldo máximo. Aunque esta es una idea que ya se conversa en ciertos círculos académicos, falta mucho para que como sociedad nos abramos a considerarla en serio). Todo esto para decir que un sueldo suele considerarse una especie de premio al mérito y al esfuerzo. Cada persona recibe un sueldo acorde a sus capacidades, la dificultad de la tarea y las responsabilidades asociadas a la labor. Esto, sabemos, es la teoría. En la práctica existen toda una serie de discriminaciones que distorsionan esto; siendo una de las más estudiadas la disparidad salarial que existe entre hombres y mujeres.
Aceptando, entonces, que el dinero es un privilegio al que no todos pueden acceder libremente según sus necesidades, sostengo que es inevitable que surja la TDP. Esta tensión se hace presente cada vez que nuestra sociedad declara, por ejemplo, que una vida digna es un derecho inalienable a todo ser humano, pero a la vez condiciona el acceso a dicha vida digna al recibimiento de un privilegio (el dinero). Cuando hacemos esto creamos una incongruencia, una tensión que no se puede sostener. Declarar que algo es un derecho universal, pero acto seguido limitar su acceso a la posesión de un privilegio es caldo de cultivo para toda una serie de incongruencias y contradicciones que claman por una resolución. Para que un derecho universal sea efectivo (si es que es realmente un derecho), este no puede depender de un privilegio. Por eso se entiende, por ejemplo, que un derecho a voto que depende de la posesión de propiedades (un privilegio) es algo destinado, tarde o temprano, a ser superado. Declarar que todos los seres humanos son iguales ante la ley, pero acto seguido limitar el acceso a la justicia según su color de piel, es crear una inconsecuencia que, en algún momento y de alguna forma, debe ser resuelta (esta lucha ha sido, y es, de particular importancia en Estados Unidos).
Las TDP son tensiones conceptuales que el neoliberalismo no puede resolver. Al entregarle la educación y la salud al mercado, al decidir que el dinero (un privilegio) es lo que decide quién tiene acceso o no a la educación (un derecho), entonces han caído en una tensión que parece insalvable. Esta dependencia de un privilegio, hace que en la práctica se anule dicho derecho. La gente se ha dado cuenta de esta contradicción y lo que piden no es ni más ni menos que hacer efectivos sus derechos. ¿Tengo derecho a la salud? Si tengo, entonces no me exijan capacidad de pago. ¿Tengo derecho a la educación? Pues tampoco me exijan capacidad de pago. ¿La vivienda? ¿La alimentación? ¿La cultura?
Algunos ven un peligro aquí. Ya se imaginan que la lista de derechos podría ser interminable. Es la ya majadera acusación de que hay ciertos sectores que quieren “todo gratis”. ¿Puede ser interminable esta lista? No lo sé. Me parece que se trata, precisamente, de tener una conversación seria sobre esto. Más que ridiculizar la aparición de nuevos derechos como tantos hacen hoy (se burlan de aquellos que hablan de los derechos de los animales o del derecho a la vivienda, a la alimentación, a medicamentos), la postura más intelectualmente honesta es la de reconocer la existencia de la TDP y enfrentarla para ir resolviendo caso a caso.
Ciertamente, todos estos nuevos derechos son, y deben ser, objeto de debate y discusión. No tenemos porqué aceptar a priori que toda reivindicación social tiene que ser un derecho. Pero lo importante a tener en cuenta es que cuando la sociedad empieza a hablar de un nuevo derecho, cuando estamos ante una nueva demanda social, hay que actuar para resolver dicha TDP. Esta tensión se resuelve negando la existencia de dicho derecho o aceptando su legitimidad y, en consecuencia, tomando todas las medidas necesarias para que el acceso a dicho derecho sea efectivo y expedito. Los problemas sociales empiezan cuando la ciudadanía se convence de que tiene un derecho y empieza a exigir su implementación, pero la sociedad (específicamente las estructuras sociales y las élites que manejan la estructura estatal y los poderes económicos) no está en condiciones de satisfacer el acceso a esos derechos o lisa y llanamente niega su existencia. Esto no hace más que aumentar la TDP, lo que conduce casi siempre a movilizaciones sociales de creciente envergadura. En Chile a partir del 18 de octubre conocimos de primera mano lo que esto implica.
En última instancia, este es nuestro debate. De nosotros depende definir qué derechos queremos o no queremos reconocer como sociedad. Y una vez establecidos esos derechos, de nosotros depende exigir su implementación. Cada vez que el sistema económico no quiere o no puede hacer efectivos esos derechos, estamos agudizando la TDP. No tengo claro de qué manera se puede resolver esta tensión que está presente en el corazón del sistema que nos rige. La amenaza de querer todo gratis es genuina. Pero, claro, es solo un peligro para todos aquellos que defienden el capitalismo y que buscan asegurar su mantención en el tiempo. Para ellos, estas demandas son claramente peligrosas puesto que la economía así como existe hoy no puede entregar derechos ilimitados. No puede asegurar ni satisfacer la creciente lista de demandas que los seres humanos vamos exigiendo. La disyuntiva, entonces: cambiar sustancialmente el sistema económico o negar derechos.
En algún momento habrá que tomar estas decisiones dramáticas. Ahora más que nunca se vislumbran las TDP de manera evidente y se entiende el peligro que representan estas tensiones para el sistema en su conjunto. Los defensores del statu quo tendrán que decir que la salud no es un derecho. Que la educación tampoco lo es. Menos la vivienda o el acceso a la cultura. Tendrán que seguir negando la existencia de derechos a los animales. Se verán obligados a reconocer lo que en la práctica ya hacen: aceptar la existencia teórica de ciertos derechos, pero negarlos en la práctica convirtiéndolos en privilegios. A ver cómo les va con eso.
Ignacio Moya Arriagada es filósofo y escritor. PhD (c) Western University. Autor de los libros Pesimismo profundo y Entre infinitos. Página web: https://ignaciomoyaarriagada.com/
