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Planes económicos para la pandemia: más deudas para una población endeudada

Fotografía por Cristian Castillo, extraída de unsplash.com
Autores Invitados:
  • Julián García Sanhueza, licenciado en economía y estudiante de Magister en economía, Universidad de Chile.
  • Iván Ojeda Pereira, estudiante de sociología e investigador, Universidad de Chile.
  • Roque Alfaro Navarro, estudiante de sociología e investigador, Universidad de Chile.

Esta columna (escrita por colaboradores) plantea reparos a las medidas económicas del gobierno de Sebastián Piñera. Constantemente desde el gobierno se ha señalado que las políticas son para “apoyar a las pymes” y a las “familias”.

Considerando lo anterior, es necesario comprender que la economía de libre de mercado en Chile posee una orientación general hacia las empresas y no hacia las familias. Esto se ha traducido en que, mientras que los indicadores macroeconómicos crecen, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, no evidencian mejoras significativas en su calidad de vida; o sea, la torta se agranda pero se la reparte un sector pequeño de la población.

En lo concreto y específico de la crisis actual, es claro que las iniciativas no permiten garantizar el cumplimiento efectivo de la estrategia sanitaria, y por lo tanto son en gran medida insuficientes. Pareciera, que las políticas de Sebastián Piñera se centran en apoyar a un grupo socioeconómico que, aun contando con mayores facilidades sistémicas para sortear la adversidad, recibe más garantías desde el Estado. Esto se hace evidente, por ejemplo, con la llamada ley de “Protección del Empleo” que permitió a empresas con millonarias utilidades, suspender relaciones laborales sin ningún costo directo. ¿Cuál ha sido el resultado? Mientras los y las trabajadoras consumen un porcentaje acotado de sus propios ahorros, hay empresas como Cencosud (donde luego de 6 meses de salir del gobierno se integra el ex ministro de Economía Felipe Larraín y la Ministra del trabajo posee acciones), tuvo que retractarse de repartir el 80% de sus utilidades en dividendos ($185.180.851.594). Este monto, según cálculos de la Fundación Sol,podría haberse destinado a pagar sueldos de $600.000 por 5 meses a un total de 64.000 trabajadores.

Aquellas acciones, tienden a romper los pequeños e ínfimos resabios de confianza entre la ciudadanía y un ejecutivo, que pareciera no haber aprendido absolutamente nada tras el 18 de Octubre. En este contexto, cómo podría confiarse en este gobierno si un día son gobierno y al otro empresa. Y con empresa queremos decir que o bien 1) los millonarios equipos técnicos del Ministerio del Trabajo y de Hacienda no tienen las capacidades efectivas para generar políticas pertinentes a la crisis o 2) existe una voluntad política del ejecutivo de subsidiar al sistema neoliberal y a las grandes empresas, en las que por cierto, poseen utilidades y patrimonios millonarios.

Los hechos y la experiencia a lo largo de este gobierno sugieren que la segunda opción es bastante más lógica. Una prueba la entrega la propia Ministra del Trabajo que continúa defendiendo su ley. Este hecho nos hace dudar respecto no sólo del enfoque con que está actuando el gobierno, sino que también de las voluntades que podría tener efectivamente una pequeña élite de apoyar a la gente y de dejar, alguna vez, de resguardar sus propios negocios.

En base a estos antecedentes ¿qué tan pertinente se hace reactivar la economía con una lógica de transferencias de fondos públicos a la banca privada? y ¿cómo nos aseguramos como ciudadanos y ciudadanas que la banca no nos engañará? Es decir, hablamos de la misma banca que hace semanas anunciaba como medida COVID-19 que permitiría a la gente postergar el pago de dividendos y que, al mismo tiempo, están obligando a las personas a firmar otro préstamos con tasa de interés adicionales.¿Es esta entonces la banca que nos ayudará a salir de la crisis?

La lógica de subsidiar a la banca privada mediante fondos públicos se mantiene, asimismo, mediante el segundo plan económico de Piñera, destinado a entregar créditos en base a recursos públicos para las PYMEs bajo ciertos criterios de elegibilidad. A través de este mecanismo, se promete facilitar la liquidez para este sector, el cual, dadas sus características, enfrenta mayores restricciones para el financiamiento. La medida promete otorgar créditos con una tasa real cercana a cero durante el período de la crisis. Sin embargo, que esta medida sea implementada a través de una lógica subsidiaria tiene cuatro grandes problemas. Por un lado, individualiza la problemática de la crisis, donde cada PYME deberá negociar su posibilidad de conseguir un crédito y, por lo tanto, se insiste en la mercantilización de la tranquilidad económica en plena crisis sanitaria. En segundo lugar, los créditos representan obligaciones futuras, y mayores obligaciones futuras representarán importantes mochilas para las PYMEs una vez que termine la crisis sanitaria. En tercer lugar, se subsidia el mercado bancario porque esto reduce costos y riesgos a bancos controlados por una pequeña élite, lo que además se realiza, manteniendo escasas capacidades de monitoreo que no logran garantizar que estos fondos efectivamente vayan en apoyo de quiénes lo necesitan. Finalmente, como cuarto punto, y dada la ya mencionada baja capacidad de monitoreo, el gobierno espera que los bancos se distribuyan eficientemente el riesgo de los créditos. Sin embargo, en caso de equivocarse, seremos todos los chilenos y chilenas quienes asuman su error mediante la garantía estatal.

Esta lógica de subsidiar créditos como política de apoyo económico no es nueva y lamentablemente, no ha tenido resultados beneficiosos para la ciudadanía, mientras que ha sido un buen negocio para la banca , como ha sido evidente con los problemas que ha traído aparejada la política de Créditos con Aval del Estado (CAE). Según la Fundación Sol, esta política ha tenido como consecuencia que, entre 2006 y 2018 el fisco ha debido recomprar el 53,7% de los créditos CAE, sumando un total de $3,59 billones. El Estado, en el mismo período mencionado, había ya pagado más de un millón de dólares en sobreprecio a los bancos. A diciembre del 2018, según la misma Fundación Sol, más de un 40% de los y las estudiantes que han recibido estos créditos, se encontraban morosos. Peor aún, no se ha encontrado evidencia que la política del CAE haya permitido a la mayor parte de sus beneficiarios, obtener mejor empleabilidad o salarios. Sin embargo, y lo que es más grave, esta política permitió subsidiar el patrimonio de la banca. Itaú-CorpBanca, Internacional, Santander y Scotiabank, al 2018, concentraban más del 50% de los créditos recomprados por el Estado. En resumen, un hoyo negro para las arcas fiscales, dinero seguro para los bancos y endeudamiento para la población.

La lógica en la que se introduce este conjunto de políticas, finalmente, se explica por una aproximación teórica absolutamente neoliberal, que confía ciegamente en que mediante las interacciones de mercado se alcancen resultados eficientes. Se promete la solución idónea pero no se intenta comprender realmente la problemática. Por otro lado, en la actualidad no nos encontramos en condiciones “normales” de “oferta y demanda” como para esperar resultados eficientes del mercado. Como lo ha reconocido el Financial Times, necesitamos urgentemente más Estado para enfrentar esta crisis. Pero no solo más Estado para subvencionar a las grandes empresas, porque aquello parece más un dogma que una propuesta orientada al bienestar común. Lo que hace falta es mayor Estado en apoyo de la ciudadanía y sus necesidades básicas.

No obstante, la defensa dogmática del neoliberalismo se basa en un modelo económico fundado a partir del “El Ladrillo”, justamente por quienes hoy son nuestras autoridades, que se cristalizan en un grupo de fanáticos del mercado cuyo terror a un Estado de bienestar se institucionaliza en la impuesta constitución del 80’. En esta línea es que crean un Estado con lógica subsidiaria, que sólo aporta a las empresas. Y es por esto que la ciudadanía, al no tener un apoyo estatal real, solo puede aspirar a “progresar” mediante la deuda, lo que la somete a ver truncadas sus aspiraciones ante la más mínima crisis.Según el Banco Central, el endeudamiento de los hogares ya en Enero estaba en torno al 75%. De este modo, y aun dejando de lado las consecuencias sociales de la deuda, es claro que un modelo así es una olla a presión. Es así como la política subsidiaria del actual gobierno devela su propósito ideológico disciplinado en tanto busca mantener intacta la lógica de negocio de la banca y de los grandes grupos económicos, así como reducir el protagonismo del Estado al mínimo, y no garantizar de manera efectiva la entrega de apoyo a la pequeña y mediana empresa.

La porfía del gobierno pareciera no haber entendido nada respeto a la enorme crítica social al modelo que se presentó el 18O. Urge que las medidas del Ejecutivo utilicen su incidencia en la economía para potenciar alternativas de respuesta colectiva ante el virus, donde los más ricos asuman el coste de la crisis porque sus fortunas se han acrecentado con el trabajo y el consumo del pueblo chileno. El Estado debe frenar el usurero aprovechamiento en un contexto en el que oferta y demanda no operan. Cuál la prioridad entonces, ¿defender el dogma neoliberal o la vida de las personas? Los ciudadanos y ciudadanas necesitan tener sus condiciones mínimas cubiertas y no por eso verse en la obligación de endeudarse aún más, porque será esta población y estas pequeñas empresas las que día a día trabajarán para levantar el país. Es finalmente la clase trabajadora la que siempre asume los costos. Como ya mencionara Angela Merkel, “uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada”. Pareciera que Chile es el ejemplo perfecto de dicha política.

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