Hace algunas semanas se publicó simultáneamente en 36 países, entre ellos Chile, el Manifiesto por la democratización del trabajo (1). Preparada originalmente por las investigadoras Isabelle Ferreras, Julie Battilana, Dominique Méda y firmada hasta la fecha por más de 5.500 académicos y académicas de diversos rincones del mundo, la columna vuelve a posicionar el trabajo en el centro del debate, en tanto revelador de la crisis y clave de transformación estructural de la sociedad post-pandemia. En lo medular, la columna insiste en tres direcciones: a) la democratización del gobierno de las empresas, incluyendo decididamente al trabajo, dado que son trabajadores y, fundamentalmente, trabajadoras quienes han asegurado las cadenas de producción, distribución y cuidado; b) la garantía de empleo en condiciones de justicia a través de la desmercantilización de sectores estratégicos para el sostenimiento ecológico y social de las comunidades;  c) una estrategia de transición ecológica impulsada desde el Estado de cara al desafío climático, a través de inversiones públicas y obligaciones medioambientales y de democratización interna a las empresas, en particular aquéllas que recurran a financiamientos públicos (2). Son apuestas transversales que es necesario abordar desde las configuraciones nacionales y regionales, toda vez que estos desafíos se declinan de acuerdo a su composición estructural y sus coyunturas específicas.