Los trabajadores deberían estar a cargo

Peter Gowan

17.04.2019 Jacobin magazine

Traducido por Francisco Larrabe

 

Todos los días, empresas de capital se apoderan de otras empresas y las despojan por completo. Sin embargo, existe una alternativa: permitir que los trabajadores compren su lugar de trabajo y lo administren por su cuenta.

 

A inicio de este mes, Univision anunció que estaba vendiendo Gizmodo Media Group (una compañía de medios digitales que incluye a los antiguos sitios web de Gawker como Gizmodo, Kotaku, Splinter, Jezebel y The Root), así como también Onion (incluyendo su sitio epónimo, The A.V. Club, Clickhole y The Takeout) a la empresa de capital de inversión Great Hill Partners.

No se han anunciado despidos para los 233 empleados sindicalizados en las dos empresas. Sin embargo, trabajadores y contribuyentes tienen probablemente razón al preocuparse que algunos o todos los sitios web verán despidos masivos o cierres a medida que Great Hill busca despojar a las compañías de sus partes más rentables mientras desechan el resto. Después de todo, este es el modelo de negocio de los capitales de inversión, y sería ingenuo esperar algo distinto.

Pero, ¿y si hubiese una alternativa? ¿No sería mejor que los trabajadores de Gizmodo Media Group y Onion tuvieran el derecho a bloquear la venta a Great Hill y comprar la empresa entre ellos, convirtiéndola en una empresa propiedad de los trabajadores, con financiamiento y asistencia técnica de parte del Estado?

De acuerdo con una nueva encuesta de YouGov Blue, encargada por Democracy Collaborative, un grupo de investigación pro democrático, el 69% de los estadounidenses dice que sí: los trabajadores deberían tener el derecho a comprar sus lugares de trabajo antes que cualquier otro comprador cuando estén a la venta o programados para el cierre. Esto incluye la absoluta mayoría  de los Demócratas, Independientes, e incluso los Republicanos. La encuesta también muestra una mayoría absoluta entre todas las generaciones y grupos raciales. Incluso más sorprendente, únicamente el 10% de los estadounidenses dice que se opone a darles a los trabajadores el derecho de preferencia para comprar sus empresas.

Ayer, Democracy Collaborative lanzó un reporte que podría ayudar a que este derecho se haga realidad. Ya existen precedentes en varios lugares. Si se es inquilino en un edificio en el distrito de Columbia y su propietario quiere venderlo, usted tiene el derecho legal a unirse con otros inquilinos y comprar sus hogares bajo el mandato del Acta de Oportunidad de Comprar Para Inquilinos que faculta la ciudad (Tenant Opportunity to Purchase Act). De manera similar, si se es trabajador en Italia y su lugar de trabajo está siendo cerrado, usted tiene el derecho legal de unirse con otros trabajadores y comprarlo bajo la legislación “Mancora”.

Ambas jurisdicciones proveen asistencia técnica y financiera para este tipo de adquisiciones, y en ambos lugares las políticas han estado en funcionamiento desde hace décadas, dándoles a decenas de miles de personas la oportunidad de poseer sus hogares o lugares de trabajo.

En estos tiempos, cuando millones de babyboomers dueños de pequeñas y medianas empresas se están retirando, generando potencialmente despidos masivos dado que las empresas cierran o son compradas por empresas de capital, ¿es descabellado darle a los trabajadores el derecho de intervenir ellos mismo y poder decir, “vamos a comprar la empresa, hacernos cargo de ella y administrarla”?

El concepto de un derecho de preferencia sería un modesto pero importante desafío frente a la absoluta autoridad de los dueños a hacer lo que quieran. Mantendrían su derecho a escoger cuándo dejar las empresas, fijar el precio de venta que deseen, pero se les quitaría el derecho absoluto a cerrar una empresa viable o venderla a una compañía de capital de inversión liquidadora de activos. Los dueños que están cerrando o vendiendo una empresa lo hacen para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Pero sus trabajadores son dejados atrás, por lo que deberían tener la prioridad de controlar el futuro de la empresa.

El reporte de Democracy Collaborative propone que las compañías que están siendo vendidas o cerradas serían retenidas en un fideicomiso por un cierto periodo de tiempo. A los trabajadores se les daría el derecho a escoger un fiduciario, o de que se designe uno en su nombre, y se les informará cuánto deben pagar para ejercer el derecho de preferencia.  Se les daría, entonces, acceso a una gama de nuevas fuentes de capital destinadas a llevar a cabo las transiciones del cambio de mando, incluyendo unas que mandatarían el pago no en forma de dinero sino haciéndose cargo de necesidades sociales por medio de la producción, cambiando las prácticas de la empresa para ser más sustentables medioambientalmente, y/o corrigiendo rezagos de discriminación o desigualdad dentro de la empresa.

El fiduciario de los trabajadores prepararía una propuesta de compra, y los trabajadores votarían si siguen adelante con el proceso de compra. Dependiendo de la empresa, la compra podría requerir una contribución de parte de los trabajadores, pero también podrían acceder a un préstamo del sector público con devoluciones basadas en el ingreso (de manera que los trabajadores con bajos salarios no tendrían que pagar hasta que tengan una mejor posición financiera). Esto significaría un cambio respecto al modelo Mancora de Italia, en donde los trabajadores tienen que pagar por adelantado usando sus beneficios de desempleo acumulados – lo que podría causar pobreza extrema en situaciones donde la compra de la compañía fracasa y los trabajadores quedan sin empleo y sin una red asistencial.

Esto no significa que toda empresa que esté siendo vendida o cerrada sería comprada por sus trabajadores. En algunos casos los trabajadores podrían dar la aprobación al nuevo dueño propuesto. En otros casos, el cierre se podría producir por razones del todo entendibles, y los trabajadores decidirían que comprarla no merecería la pena dado el tiempo y esfuerzo. Sin embargo, hoy en día pocos estadounidenses concordarían en que cada una de las empresas desmanteladas y clausuradas por buitres capitalistas estaba destinada a ese destino. Muchas compañías importantes, rentables y viables han sido destruidas, siendo posible rescatarlas, y muchos trabajadores que pudieron haber querido salvarlas, nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo.

Algunos podrían argumentar a favor de mantener las cosas como están. Son una pequeña minoría, y deben cargar con el peso de explicar por qué no confían en que los trabajadores puedan poseer buenas empresas, socialmente responsables y democráticas. Ya existen miles de trabajadores en todo Estados Unidos que poseen sus propias empresas en la forma de cooperativas. Esta política les daría a millones el derecho de unirse a sus filas – ya sea para salvar sus compañías, o porque creen que pueden administrarla mejor que un comprador externo que podría no tener los mejores intereses.

El derecho de preferencia goza de un inmenso apoyo popular, y los políticos que la apoyan podrían obtener una gran aprobación de distintos sectores, unificando a trabajadores de todas las razas, géneros y partidos detrás de un nuevo derecho económico que les entreguen un mayor control sobre sus futuros. A esto lo llamamos libertad.